Comerciantes de Suchiate y Tapachula denuncian operativos y clausuras anómalas de negocios
Comerciantes de Tapachula y Suchiate denunciaron un presunto patrón de operativos realizados tras llamadas anónimas, que derivan en el aseguramiento y sellado de locales sin que se encuentren ilícitos ni se presenten detenidos.
De acuerdo con los testimonios recabados, el caso más reciente ocurrió el 1 de octubre en la 4ª Norte esquina Central Poniente, en Tapachula, donde elemento, de SEDENA y Fuerza Pakal, habrían llegado a un comercio, sin presentar orden de cateo, y procedieron a sellar el inmueble y retirar las llaves con la mercancía en su interior.
Los afectados señalan que los hechos guardan similitud con lo ocurrido previamente en el municipio de Suchiate, donde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró locales bajo el mismo procedimiento: denuncia anónima, sin hallazgos ilícitos y sin personas detenidas.
A través de un pronunciamiento, los comerciantes hicieron un llamado al Gobierno del Estado y Fiscalía Estatal, para que aclaren bajo qué carpeta de investigación y con qué sustento legal se realizaron los aseguramientos.
También pidieron a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que revisen el actuar de la FGR en Chiapas.
Los denunciantes sostienen que se trata de afectaciones a gente trabajadora que opera en la formalidad.
Dentro de la misma denuncia, los comerciantes refirieron el caso de un local asegurado por la FGR en Suchiate, en cuyo interior murieron tres gatitos.
Señalaron que, pese a haber informado a las autoridades y haber enviado denuncias por correo electrónico para que se permitiera el rescate de los animales, no hubo intervención.
Los afectados piden la intervención de la Fiscalía Ambiental del estado, al considerar que se configuraría maltrato animal, delito sancionado en la legislación estatal y federal.
Informaron que el próximo 5 de octubre un Juez Federal resolverá sobre la suspensión definitiva relacionada con ese aseguramiento.
El señalamiento sobre extinción de dominio
Los comerciantes advirtieron sobre lo que calificaron como la fase más grave del proceso.
De acuerdo con su testimonio, tras el aseguramiento sin pruebas y con detenidos liberados el mismo día, se inicia un procedimiento de extinción de dominio, mientras la carpeta de investigación permanece sin movimiento durante 4 y 5 años.
Acusan que durante ese tiempo la mercancía se pierde al interior de los locales sellados, lo que lleva a la quiebra a los propietarios y los deja en estado de vulnerabilidad frente a los acuerdos que les propone el Ministerio Público, tanto del fuero común como federal. Consideran la práctica como anticonstitucional y un posible foco de corrupción.
