La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que endurece las sanciones contra la venta, distribución y almacenamiento de vapeadores, con penas de hasta ocho años de prisión. La sesión estuvo marcada por protestas, como la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, quien llevó una caja de “regalo” a tribuna para denunciar lo que calificó como una medida autoritaria y desproporcionada.
Legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría criminalizar la simple posesión de estos dispositivos y cuestionaron que las penas superen las de otros delitos graves. Mientras tanto, Morena defendió que la ley no busca castigar a los consumidores, sino a quienes comercializan estos productos.
El dictamen fue aprobado en lo general con 324 votos a favor y 129 en contra. La reforma ahora avanza como una de las medidas más estrictas en América Latina contra los vapeadores.
